¿Deberían Municipios Ceder Cobro de Predial a Estados?

 

 

¿Deberían Municipios Ceder Cobro de Predial a Estados?

Cuando el Congreso aprobó la nueva reforma hacendaria, abordó uno de los temas más sensibles de la política fiscal local de nuestro país: la incapacidad de los municipios para cobrar en forma efectiva el impuesto predial. Decidió el Congreso abrir la puerta a un mecanismo a través del cual los Ayuntamientos pudiesen suscribir convenios con las Entidades federativas para eficientar la gestión del cobro de ese gravámen, reducir sus costos operativos e incrementar la recaudación de ingresos propios.

Son muchas las aristas de este tema, que ya ha suscitado controversia en varios estados y que bien vale analizar en sus diferentes facetas.

Situación Actual del Cobro del Predial en los Municipios. Primero lo innegable: la altísima dependencia de los Gobiernos locales respecto de los tributos federales. Los ingresos propios de los municipios se han mantenido por lustros en una media nacional aproximada del 25%. Segundo, lo incongruente: el predial es el único impuesto que los Ayuntamiento cobran a nivel nacional y que se queda en su totalidad para aplicarse localmente (sabemos que México es la excepción, ya que las ciudades en todo el mundo se benefician de un porcentaje de los impuestos nacionales captados en su territorio). Tercero, lo caricaturesco: saber si primero es el huevo o la gallina; esto es, si negamos recursos elementales a los Gobiernos locales y luego les pedimos que cuenten con las capacidades institucionales para ser eficaces recaudadores.

Por ello es claro que existe un problema crónico en el cobro del predial, generado inicialmente por la insuficiente actualización y modernización de los catastros municipales, por la ineficacia de sus sistemas recaudatorios, y desde luego generado por una docena de distorsiones graves del modelo establecido en las leyes nacionales.

Podemos destacar como ejemplos de esas distorsiones las exenciones de ley o las objetivamente injustificadas en el pago del impuesto por parte de inmuebles de entidades concesionadas (p. ej. aeropuertos), de organismos públicos (p. ej. delegaciones federales) o empresas privadas (p. ej. empresas de telefonía); por el costo político de acabar con vicios ancestrales o las tradicionales inercias de la cultura del no cobro; por la imposibilidad de modernizar sistemas catastrales en períodos cortos de 3 años; entre otras muchas.

Fortalecimiento de la Vida Local o Más Paternalismo. Por ello los mexicanos debemos pensar qué modelo de ciudades queremos ahora y en el futuro; unas que tengan progresivamente mayores capacidades institucionales, posibilidades de dotar de servicios de calidad a sus habitantes, mejores equipos de gobierno y de gestión hacendaria, viabilidad para impulsar el desarrollo de sus localidades. O queremos ciudades dependientes de los recursos que vienen desde el centro, con aparatos administrativos atrofiados, incapaces de responder a las demandas de su población.

Ese dilema hasta ahora no ha sido resuelto, porque requiere una clara visión del federalismo que queremos los mexicanos para el siglo XXI, requiere visión global para asomarnos a lo que sucede en ciudades exitosas del mundo y superar el aldeanismo urbano, y porque requiere visión de futuro en nuestros legisladores y en nuestros hombres de Estado. Necesitamos saber si los habitantes de los 2,445 municipios están satisfechos con el modelo de federalismo hacendario vigente en las últimas ocho décadas.

Alcances del Esquema de Intervención Estatal. El modelo recaudatorio que hoy analizamos tiene implicaciones diversas, pero inicialmente, es un mecanismo que sin duda respeta los principios federalistas de la autonomía de los municipios. En primer término, implica un acuerdo de voluntades entre ambos órdenes de gobierno (el estatal y el municipal), y no puede ser impuesto unilateralmente sino por expreso acuerdo mayoritario de cada cabildo local; representa una solución para los municipios que –por sus condiciones– no tienen ni tendrán en el corto plazo la capacidad técnica para cobrar; la oportunidad de recuperar carteras vencidas de deudores con rezagos históricos; la posibilidad para algunos Ayuntamientos de contar con el respaldo de equipos técnicos y jurídicos que detonen el crecimiento de la recaudación; e incluso la oportunidad de superar con respaldo político las resistencias de personajes locales que quisieran mantener privilegios o canonjías tradicionales.

Todas estas circunstancias no deberían, sin embargo, llevarnos a la fácil conclusión de que los municipios están condenados a ceder en forma definitiva una de las muy pocas competencias que la Constitución y las leyes le asignan en materia tributaria. Por ello, debemos destacar que este modelo debería siempre ser pensado como un mecanismo temporal que permita objetivos de corto plazo, y para ello establecer metas y estrategias que nos posibiliten construir las capacidades institucionales de las que hoy carecen los Ayuntamientos, y en ese momento recuperar plenamente su responsabilidad en el cobro del predial.

Tampoco podemos pensar que ese modelo es el adecuado para todos los municipios del país. No cabe duda de que muchos Ayuntamientos mexicanos –cientos de ellos– cuentan con plenas fortalezas para seguir manteniendo esas responsabilidades. Esas grandes ciudades, o las que ya han desarrollado sistemas modernos de captación del predial, no deben ni quieren abandonar el esfuerzo realizado.

Menos aún podemos creer que la realidad del país es homogénea y lineal; todo lo contrario. Cada región, cada entidad, incluso cada municipio vive realidades complejas y diferentes. Por eso en Chihuahua el nuevo modelo ha sido aceptado en forma generalizada por la amplia mayoría de los Ayuntamientos, a partir de un acuerdo concertado con el Gobierno del Estado; y por eso mismo en Puebla los municipios se oponen a la pretensión del Gobernador del Estado a imponer unilateral y simplistamente una fórmula que no se corresponde con las realidades de la mayoría de los Gobiernos locales, y que asoma pretensiones políticas de control y subordinación.

México necesita urgentemente de ciudades capaces de impulsar el desarrollo económico y social de sus localidades en forma efectiva. No necesita de comunidades locales que sean un obstáculo para el enorme potencial que tiene hoy nuestro gran país. Por ello debemos quitar los lastres políticos, hacendarios y legales que hoy impiden a cada una de nuestras ciudades ser instrumentos del desarrollo nacional.

Esa es la reforma municipal que la FENAMM está impulsando en los foros nacionales y que comparte con el Presidente Peña Nieto y con el Congreso. Requerimos poner en práctica esas reformas bien y pronto; la gente que vive en cada comunidad local del país ya no puede seguir esperando.

Los saludo con afecto.

 

 

nstituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED COMCE United Cities and Local Governments Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO Cámara de Senadores Cámara de Diputados

Cámara de Diputados Cámara de Senadores Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO United Cities and Local Governments COMCE nstituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED