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UNAM Presenta a la FENAMM su Iniciativa para Enfrentar la Inseguridad y Fortalecer a los Municipios

El Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Dr. José Narro, presentó a la dirigencia de la FENAMM su iniciativa Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia, donde expone una nueva estrategia de política integral en materia de seguridad pública basado en un enfoque diferente al que hasta ahora ha puesto en práctica el Gobierno federal. El eje rector de la propuesta es la promoción de una política preventiva nacional, la cual sea destacadamente impulsada desde los Gobiernos municipales y ejecutada en estrecha cercanía con la sociedad.
En la FENAMM se ha coincidido plenamente con los planteamientos que presentó el Doctor Narro, ya que es coincidente con la tendencia internacional de Ciudades que han sido exitosas en el combate a la delincuencia organizada y se basa en detonar una política social y preventiva que se anticipe a los hechos delincuenciales; por ello, hemos iniciado un proceso de trabajo junto con los expertos de nuestra Máxima Casa de Estudios para evaluar estrategias como las seguidas por la Ciudad de Medellín, Colombia, donde han logrado reducir considerablemente sus índices de violencia a través de la reconstrucción del tejido social desde el ámbito municipal. En ese sentido, exhortamos a la Cámara de Diputados para que atiendan las propuestas presentadas por la FENAMM el 14 de julio pasado y amplíen los recursos destinados a las acciones preventivas en los Municipios dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012.
Objetivo del Estudio de la UNAM
Crear una política integral en materia de seguridad caracterizada por un cambio de paradigma en las políticas públicas de seguridad y justicia con auténtico fundamento democrático.
Situación Actual
? Soporte teórico y conceptual insuficiente. No existe un conocimiento de la literatura especializada, lo que repercute en un diseño pobre de programas, estrategias y acciones.
? Las prácticas institucionales no se adecuan al marco constitucional de la seguridad y los derechos humanos. En la práctica, existe una idea de la seguridad que pone a las instituciones en el centro de las políticas de seguridad, mientras el ciudadano queda al margen.
? Diseño de estrategias ajenas a la atención a poblaciones de mayor riesgo o vulnerabilidad. Se reproducen patrones de discriminación y se ha hecho común la victimización de estos grupos.
? La prevención se ha desatendido.
o En México se ha privilegiado el incremento legislativo de tipos legales y penas sobre la prevención, desatendiendo por completo el establecimiento de una política preventiva.
o El presupuesto público destinado al castigo y a la prevención está proporcionalmente desequilibrado en beneficio del primero.
o Desconocimiento de los métodos necesarios para, en efecto, lograr que desde esos sectores se abone a la construcción de comunidades seguras.
o Existe una estrategia que pone las intervenciones policial y militar en el centro de las políticas.
o Se opera exactamente en sentido opuesto a la tendencia internacional dominante para atender contextos de alto riesgo.
? Subordinación a cuestiones políticas personales y partidistas. Las políticas públicas de seguridad y justicia y sus instrumentos de aplicación están frecuentemente influenciadas por intereses de partido.
? Proceso de crecimiento y dispersión de la violencia asociada a la delincuencia organizada con incrementos de homicidios. En el 2007, sólo 53 Municipios tenían por lo menos una ejecución mensual, en promedio; para 2010, 200 Municipios cumplen esa condición. Esta violencia pasó de concentrarse en 17 Municipios en 2008, a 24 en 2010.
Líneas Estratégicas
? Racionalización del uso de la fuerza. Para este fin, debe de haber una regularización del empleo de la fuerza y las armas donde se estipule el uso mínimo de ellas.
? Primacía de la prevención sobre el control. Se debe buscar que sea equiparable el gasto público dedicado a la prevención que el destinado al control. Debe priorizarse el desarrollo de estrategias modernas de prevención que promuevan conductas tendientes a la reducción de riesgos.
? Integralidad de la política. Los Municipios, los Estados y el Gobierno federal deben garantizar la interacción colaborativa y unir a distintos actores e instituciones hacia objetivos comunes.
? Coordinación y subsidiariedad.
o Los Municipios son el espacio clave y el primer frente de solución. El terreno idóneo para entender y resolver los problemas de la seguridad y la justicia, es el local.
o Los Estados y la Federación deben desplegar un apoyo decidido hacia la construcción de las mayores capacidades municipales posibles, de manera que ese espacio funcione como cinturón de contención de conflictos que, encauzados principalmente mediante la prevención, eviten el crecimiento de los delitos.
o Es necesario entonces reforzar el Municipio y no eliminar sus capacidades, sino entender lo que puede aportar en materia de seguridad pública y justicia administrativa.
? Atención prioritaria a quienes enfrentan mayor riesgo y vulnerabilidad. La seguridad y la justicia deben llevar al centro de la agenda el bienestar de los grupos vulnerables.
El Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Dr. José Narro, presentó a la dirigencia de la FENAMM su iniciativa Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia, donde expone una nueva estrategia de política integral en materia de seguridad pública basado en un enfoque diferente al que hasta ahora ha puesto en práctica el Gobierno federal. El eje rector de la propuesta es la promoción de una política preventiva nacional, la cual sea destacadamente impulsada desde los Gobiernos municipales y ejecutada en estrecha cercanía con la sociedad. 

En la FENAMM se ha coincidido plenamente con los planteamientos que presentó el Doctor Narro, ya que es coincidente con la tendencia internacional de Ciudades que han sido exitosas en el combate a la delincuencia organizada y se basa en detonar una política social y preventiva que se anticipe a los hechos delincuenciales; por ello, hemos iniciado un proceso de trabajo junto con los expertos de nuestra Máxima Casa de Estudios para evaluar estrategias como las seguidas por la Ciudad de Medellín, Colombia, donde han logrado reducir considerablemente sus índices de violencia a través de la reconstrucción del tejido social desde el ámbito municipal. En ese sentido, exhortamos a la Cámara de Diputados para que atiendan las propuestas presentadas por la FENAMM el 14 de julio pasado y amplíen los recursos destinados a las acciones preventivas en los Municipios dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012.

Objetivo del Estudio de la UNAM
Crear una política integral en materia de seguridad caracterizada por un cambio de paradigma en las políticas públicas de seguridad y justicia con auténtico fundamento democrático.

Situación Actual 
  • Soporte teórico y conceptual insuficiente. No existe un conocimiento de la literatura especializada, lo que repercute en un diseño pobre de programas, estrategias y acciones.
  • Las prácticas institucionales no se adecuan al marco constitucional de la seguridad y los derechos humanos. En la práctica, existe una idea de la seguridad que pone a las instituciones en el centro de las políticas de seguridad, mientras el ciudadano queda al margen.
  • Diseño de estrategias ajenas a la atención a poblaciones de mayor riesgo o vulnerabilidad. Se reproducen patrones de discriminación y se ha hecho común la victimización de estos grupos.
  • La prevención se ha desatendido.
    - En México se ha privilegiado el incremento legislativo de tipos legales y penas sobre la prevención, desatendiendo por completo el establecimiento de una política preventiva.
    - El presupuesto público destinado al castigo y a la prevención está proporcionalmente desequilibrado en beneficio del primero.
    - Desconocimiento de los métodos necesarios para, en efecto, lograr que desde esos sectores se abone a la construcción de comunidades seguras.
    - Existe una estrategia que pone las intervenciones policial y militar en el centro de las políticas.
    - Se opera exactamente en sentido opuesto a la tendencia internacional dominante para atender contextos de alto riesgo.
  • Subordinación a cuestiones políticas personales y partidistas. Las políticas públicas de seguridad y justicia y sus instrumentos de aplicación están frecuentemente influenciadas por intereses de partido.
  • Proceso de crecimiento y dispersión de la violencia asociada a la delincuencia organizada con incrementos de homicidios. En el 2007, sólo 53 Municipios tenían por lo menos una ejecución mensual, en promedio; para 2010, 200 Municipios cumplen esa condición. Esta violencia pasó de concentrarse en 17 Municipios en 2008, a 24 en 2010.

Líneas Estratégicas
  • Racionalización del uso de la fuerza. Para este fin, debe de haber una regularización del empleo de la fuerza y las armas donde se estipule el uso mínimo de ellas.
  • Primacía de la prevención sobre el control. Se debe buscar que sea equiparable el gasto público dedicado a la prevención que el destinado al control. Debe priorizarse el desarrollo de estrategias modernas de prevención que promuevan conductas tendientes a la reducción de riesgos.
  • Integralidad de la política. Los Municipios, los Estados y el Gobierno federal deben garantizar la interacción colaborativa y unir a distintos actores e instituciones hacia objetivos comunes.
  • Coordinación y subsidiariedad.
    - Los Municipios son el espacio clave y el primer frente de solución. El terreno idóneo para entender y resolver los problemas de la seguridad y la justicia, es el local.
    - Los Estados y la Federación deben desplegar un apoyo decidido hacia la construcción de las mayores capacidades municipales posibles, de manera que ese espacio funcione como cinturón de contención de conflictos que, encauzados principalmente mediante la prevención, eviten el crecimiento de los delitos.
    - Es necesario entonces reforzar el Municipio y no eliminar sus capacidades, sino entender lo que puede aportar en materia de seguridad pública y justicia administrativa.
  • Atención prioritaria a quienes enfrentan mayor riesgo y vulnerabilidad. La seguridad y la justicia deben llevar al centro de la agenda el bienestar de los grupos vulnerables.
nstituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED COMCE United Cities and Local Governments Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO Cámara de Senadores Cámara de Diputados

Cámara de Diputados Cámara de Senadores Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO United Cities and Local Governments COMCE nstituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED